REDI repudia el proyecto de ley ómnibus

 REDI repudia el proyecto de ley ómnibus presentado por el gobierno nacional  y  el retroceso de las políticas en discapacidad.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2023- 

La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifiesta su repudio por el proyecto de la llamada “ley ómnibus”, presentado el miércoles pasado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación. Esta iniciativa implica un claro retroceso en el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población en general, y también de las personas con discapacidad en particular. Además, implica un desguace del Estado, al establecer la privatización de todas las empresas públicas.

▶️Llama la atención que la Agencia Nacional de Discapacidad deje de estar en la secretaría General de la presidencia pasando a jefatura de Gabinete y que sus nuevos directores sean personas sin Discapacidad con dudoso conocimiento en el modelo social que tiene la Convención sobre los derechos de las PcD.

▶️En especial, nos preocupa profundamente el retroceso en materia de salud mental, al modificar los artículos principales  de la ley marco 26657, que tanto costó conseguir. 

El proyecto vuelve a facilitar las internaciones en hospitales monovalentes de salud mental, es decir, en manicomios. Si llega a aprobarse este texto, ya no será necesario el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para decidir una internación forzosa. Además, el proyecto permite que un juzgado resuelva una internación psiquiátrica, sin la necesidad de que la persona sea evaluada por un equipo interdisciplinario. 

Como si fuera poco, se retrocede en otra de las grandes conquistas de la ley de salud mental 26657, al dejar de obligar a terminar con los manicomios. De hecho, se elimina la obligación de internar a personas con problemáticas de salud mental en hospitales generales.

Además, el proyecto elimina el plenario del Órgano de Revisión de la ley de salud mental, del que forman parte entre otros organizaciones de derechos humanos y de familiares y usuarios de servicios de salud mental.

▶️Todos estos retrocesos resultan muy graves. La ley actual de salud mental fue una enorme conquista del movimiento de derechos humanos y del colectivo de personas con discapacidad. Aunque todavía sigue habiendo internaciones en hospitales monovalentes y las alternativas a la institucionalización son aún una deuda de la democracia, la ley todavía vigente ampara a las personas con problemas de salud mental. En este sentido, es fundamental mencionar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el análisis del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en nuestro país, recomendó al Estado Argentino en marzo de 2023 “Avanzar en los procesos de externación de las personas institucionalizadas, cerrar los hospitales psiquiátricos e implementar redes de atención en salud mental integrada al primer nivel de atención”. Lejos de poner en práctica estas recomendaciones, el proyecto retrocede al viejo paradigma del manicomio y la internación forzosa.

▶️En materia de seguridad social, la iniciativa también es regresiva. 

Elimina la actual fórmula de movilidad jubilatoria, que se usa para actualizar el monto de las pensiones no contributivas, y dispone que los aumentos los fijará por decreto el Poder Ejecutivo. De esta manera, en caso de aprobarse este texto, los incrementos serán discrecionales, sin un criterio previsto por ley, y se corre el riesgo de que las jubilaciones y pensiones se congelen, mientras los precios de la canasta básica suben día a día.

▶️Un capítulo aparte merece la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). 

Este organismo es clave para la prevención de la discriminación en la sociedad y para la realización de denuncias. Esto afecta directamente a nuestro colectivo, dado que la discapacidad es una de las mayores causas de discriminación denunciadas en el INADI.

▶️Como organismo de derechos humanos, desde REDI no podemos dejar de repudiar el retroceso que este proyecto plantea en cuanto a la libertad para manifestarse. 

Si se llega a aprobar este texto, las organizaciones y movimientos sociales tendrán que pedir permiso al ministerio de Seguridad para realizar una movilización de más de tres personas en la vía pública. Esto vulnera el derecho constitucional a manifestarse.

▶️Por último, alertamos sobre la delegación de facultades del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo hasta 2025, que puede ampliarse por dos años más, hasta el final de este mandato presidencial. 

A 40 años de la recuperación de la democracia, resulta grave que un gobierno pretenda acumular todo el poder para tomar decisiones que pueden cambiar la vida cotidiana de toda la población.

Por todo esto, desde REDI exigimos a los/las legisladores/as que no permitan este retroceso en los derechos humanos y en la calidad democrática.